Cámara aprueba en general proyecto que establece indemnización a víctimas del Estallido Social

El día martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que establece la responsabilidad del Estado con las personas que hayan sido víctima de lesiones, mutilaciones o muertes durante el Estallido Social de octubre de 2019.
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✅APROBADO | Sala aprueba en general proyecto de procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales.

Vuelve a comisiones.

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 15, 2021

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El proyecto, que ahora volverá a su discusión en la Comisión de Derechos Humanos, fue aprobado por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones.
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En este mismo se define como Estallido Social a “la serie de masivas manifestaciones sociales iniciadas en Santiago, como respuesta a un alza de $30 en el valor del Metro de dicha ciudad, que derivó en un movimiento a nivel nacional con expresiones de descontento ciudadano en todo el país”, el cual se entiende como iniciado el día 7 de octubre de 2019.
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La norma “plantea disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales”, señala el sitio web de la Cámara.

“Se entenderá como víctima a toda persona que, individual o colectivamente, hubiese sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o a quienes se les hubiese provocado la muerte, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado”, agregan.

Dicha calidad de víctima será sin perjuicio de que las personas hubieran estado participando o no de movilizaciones, ni que en su contra pesen investigaciones o condenas de la justicia penal. Además, se establece como víctima a “familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa”.

El proyecto plantea una indemnización por parte del Estado, la cual “tendrá que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración considerando todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
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Debate en la Cámara
Dentro de la discusión en sala de la Cámara, algunos diputados acusaron una “discriminación arbitraria” el hecho de que se deje fuera de la categoría de víctimas a quienes hayan sufrido daños en el ejercicio de sus funciones como miembros de Carabineros, PDI o las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, quienes apoyan el proyecto argumentaron que este busca “hacer justicia con las víctimas estableciendo la obligatoriedad del Estado de reparar las lesiones, situación que, hasta la fecha, no ha ocurrido en la gran mayoría de los casos”.