Penas de cárcel y millonaria multa: las nuevas sanciones que establece la ley que regula funerales de alto riesgo en Chile

Comenzó a regir la Ley 21.717, que regula los denominados funerales de alto riesgo, comúnmente conocidos como narcofunerales. La normativa entrega nuevas herramientas a las autoridades para prevenir hechos delictuales asociados a este tipo de conmemoraciones.

Según establece el texto legal, el delegado presidencial deberá calificar el funeral como de alto riesgo tras recibir un informe técnico de Carabineros.

Dicho documento deberá contener antecedentes delictuales del fallecido y detalles de las circunstancias de su muerte. Una vez hecha esta calificación, los familiares tendrán un plazo máximo de 24 horas para realizar el funeral o la cremación.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que “el propósito central que tiene esta ley es dar tranquilidad a las personas, que cuando ocurran muertes violentas de estas características, los funerales se realicen sin alterar la seguridad y el orden público”.
Otras medidas
La nueva normativa también faculta a Carabineros para definir el horario y trayecto de las carrozas fúnebres, disponer controles de identidad, realizar incautaciones y fiscalizar el uso de fuegos artificiales en el entorno del funeral. Estas medidas podrán aplicarse tanto durante el traslado como en el cementerio o lugar de cremación.

La medida fue valorada por los municipios, que por años denunciaron los efectos de estos eventos, como balaceras, vandalismo y suspensión de clases. Sólo en 2025 se han contabilizado más de 130 funerales de alto riesgo, y desde 2019 suman más de 2.400, con al menos 1.600 personas detenidas.

La ley también contempla penas de cárcel de entre 541 días y tres años para quienes cometan delitos durante estas ceremonias, además de multas de entre 10 y 20 UTM. Si los familiares no cumplen con las condiciones impuestas por la delegación presidencial, el fallecido podría ser sepultado como indigente.

Desde el Gobierno indicaron que el foco inmediato será la implementación operativa de la norma, especialmente en sectores donde este tipo de funerales han generado alteraciones del orden público.