Aprobada nueva ley para facilitar compra de viviendas nuevas con subsidio hipotecario y garantía estatal

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Ejecutivo un proyecto de ley que crea un nuevo mecanismo de apoyo a la adquisición de viviendas nuevas, en el contexto de un mercado que acumula más de 100 mil unidades sin vender a la fecha. La medida busca dinamizar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda propia para personas naturales.

El principal eje de la nueva normativa es la creación de un subsidio a la tasa de interés hipotecaria de 60 puntos base, el cual se aplicará exclusivamente a la compra de viviendas nuevas por parte de personas naturales. Este beneficio irá acompañado de una garantía estatal con el fin de reducir aún más el costo del crédito. La medida no se aplicará a promesas de compraventa firmadas antes del 31 de diciembre de 2024 ni a créditos hipotecarios que hayan sido novados.
El valor máximo de la vivienda para acceder a este beneficio será de 4.000 UF, aunque se reservarán seis mil subsidios exclusivamente para unidades cuyo valor no supere las 3.000 UF. En estos casos, también se exigirá que se trate de la primera venta del inmueble y que se cumpla con las condiciones del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de 24 meses, desde la publicación de la ley, para solicitar financiamiento bajo estas condiciones.

La ley también obliga a las instituciones financieras a informar de manera clara y completa el monto total de subsidios vigentes y otros antecedentes relevantes, para asegurar el buen funcionamiento del sistema y la transparencia hacia los usuarios. Además, introduce cambios al Fondo de Garantía Estatal (Fogaes), creando un programa de garantías para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Esta garantía cubrirá hasta el 60% del valor de la vivienda, con un plazo máximo de 15 años.

Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional
Otro componente del proyecto es la creación de un Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional, destinado a empresas con ventas anuales entre 25 mil y un millón de UF que operen fuera de la Región Metropolitana. Esta medida busca impulsar la inversión en zonas más rezagadas del país. Las garantías no podrán cubrir más del 80% del saldo deudor ni financiamientos superiores a 250 mil UF, con un plazo máximo de 12 años.

Finalmente, se introduce una modificación a la Ley de Arrendamiento con Promesa de Compraventa, permitiendo que las postulaciones a subsidios habitacionales se focalicen también en viviendas económicas construidas antes de la vigencia del DFL 2 de 1959, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. La normativa representa un esfuerzo conjunto por mejorar el acceso a la vivienda, promover la inversión regional y reducir el stock inmobiliario acumulado en el país.