MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO ANUNCIA DESALOJO ADMINISTRATIVO EN TERRENOS EXPROPIADOS DE LA MEGATOMA DE SAN ANTONIO Y DEFIENDE ALZA PRESUPUESTARIA DEL 23,9%

Tras el término del desalojo judicial en el predio usurpado a la Constructora San Antonio, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que la cartera otorgará un plazo de un mes para iniciar el desalojo por vía administrativa de las familias remanentes en las 110 hectáreas expropiadas. La medida busca recuperar la totalidad de la superficie para levantar un proyecto habitacional planificado de 4.620 viviendas sociales que comenzará a construirse el próximo año.Recuperación de terrenos y ordenamiento formalEl secretario de Estado detalló que el desalojo por etapas de las primeras 98,4 hectáreas privadas concluyó, dejando un panorama de escombros tras el retiro de cerca de 5.000 ocupantes ilegales. Respecto a la porción que fue expropiada por la administración anterior para radicar a los comités organizados en cooperativas, el ministro Poduje fue enfático en señalar que «hemos tomado la decisión en relación a la megatoma que es terminado ahora el desalojo (de la parte privada) debemos proceder con lo mismo en el terreno expropiado».El Minvu ordenará la demolición de las estructuras levantadas argumentando el incumplimiento sistemático de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La autoridad ratificó que las familias que deseen optar a soluciones estatales deberán incorporarse a los registros regulares de postulación. «Los comités históricos no se saltarán la fila», advirtió Poduje, asegurando que la asignación de terrenos se regirá bajo estrictos criterios de antigüedad y orden de llegada.Debate presupuestario y reactivación económicaEn paralelo al ordenamiento territorial en la Región de Valparaíso, el ministro defendió ante la comisión de Vivienda la necesidad de un reajuste del 23,9% en el presupuesto de la cartera para 2027. La propuesta busca consolidar al sector habitacional como el principal motor de inversión y empleo en el país, proyectando la creación de miles de puestos de trabajo a nivel nacional.A pesar de las directrices generales de austeridad fiscal emanadas desde el Ministerio de Hacienda, Poduje argumentó que la vivienda social constituye una excepción crítica debido a su alto impacto social. La iniciativa recibió el respaldo gremial de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cuyo presidente, Alfredo Echavarría, valoró positivamente el enfoque en infraestructura y reactivación, advirtiendo que los presupuestos de inversión deben traducirse efectivamente en obras concretas que mitiguen el déficit habitacional.