Podría atrasar desalojo: terreno propiedad de Contraloría está dentro de megatoma de San Antonio
Radio Bío Bío en Valparaíso accedió a información exclusiva que daría cuenta de un terreno que es propiedad de la Contraloría General de la República al interior de la Megatoma de San Antonio.
En ese sentido, la situación pone nuevamente en duda la fecha de inicio del desalojo parcial del paño ubicado en la comuna puerto.
La Radio tuvo acceso a un certificado de consulta de antecedente de un bien raíz del Servicio de Impuestos Internos, que dan cuenta que el terreno del asentamiento irregular no corresponde en su totalidad a la inmobiliaria San Antonio S.A, sino que existe parte de las 215 hectáreas que son propiedad de la Contraloría General de la República, lo que nuevamente en un error del Minvu, no habría sido notificado por el Serviu.
Se trata de un terreno de 5,4 hectáreas que está avaluado en cerca de 33 millones de pesos y que queda dentro del predio que debería ser desalojado este 12 de enero.
Este terreno, que data como propiedad del este contralor desde 1971, está dividido además en 2 roles, uno de ellos de 2 hectáreas con un avalúo de $12.566.000, y el segundo de 3,4 hectáreas, con un avalúo de $21.362.000. En este último, se ubican cabañas que son propiedad de la Contraloria.
Terreno que además no habría sido alertado por la Inmobiliaria San Antonio S.A en medio de todo el proceso para desalojar el predio, de hecho, ni siquiera se alertó ni por el Serviu ni por el privado, en medio de la mesa técnica que fracasó y duró alrededor de 6 meses.
A su vez, ahora queda en duda si va a proceder el Ministerio de Seguridad y las policías con el proceso de desalojo planteado para este mes, considerando que el terreno de la Contraloría queda al interior del que deberá ser desalojado, dado que es un nuevo antecedente en el proceso y que el ente contralor no está incluido en medio del fallo de la Corte Suprema tras el recurso de inmobiliaria.
Asimismo, Radio Bío Bío maneja información de que se han gestado reuniones entre representantes del ente contralor y el Gobierno en la región de Valparaíso, esto con el fin de aclarar cómo avanzará el proceso, porque debería ser ahora la Corte de Apelaciones quien determine cómo debe actuar el Estado en el terreno.
