PDI Los Andes desarticula organización criminal con amplio poder de fuego

La Prefecta General, Consuelo Peña, Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, el Subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el Fiscal Jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, dieron cuenta de una investigación desarrollada por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de Los Andes, que permitió desarticular una estructura criminal que operaba en la zona, vinculada al tráfico de drogas, lavado de activos y hechos de violencia asociados al control territorial.
El procedimiento, denominado Operación Zona Zero, se ejecutó el pasado 21 de agosto bajo la coordinación de la Fiscalía de Los Andes, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitano y la Brigada de Homicidios Los Andes.
Durante los allanamientos simultáneos en 51 domicilios de Los Andes y la Región Metropolitana, los detectives incautaron más de 259 kilos de sustancias ilícitas, entre ellas 217.302 gramos de cannabis sativa, 39.687 gramos de cocaína base, 2.214 gramos de clorhidrato de cocaína, 111 gramos de ketamina, 46 gramos de cafeína y 23 vapers de cannabis, todo avaluado en $1.291 millones de pesos.
La operación culminó con la detención de 22 personas, 19 de ellas de nacionalidad chilena y 3 venezolanas, estas últimas en situación migratoria irregular, quienes formaban parte de la agrupación.
Según la investigación, los imputados mantenían el control del conjunto habitacional Alto Aconcagua, utilizando armas de fuego de grueso calibre para intimidar a la comunidad y consolidar el tráfico de drogas. Asimismo, se les asocia a delitos violentos, incluyendo la desaparición y eventual homicidio de un individuo en 2023, cuyo cuerpo habría sido ocultado en un inmueble de uno de los líderes de la banda.
Como parte de las diligencias se incautó un arsenal compuesto por 20 armas de fuego, entre ellas pistolas Glock, revólveres, escopetas, un fusil M-16 y armas adaptadas para disparo. Además, se decomisaron 10 vehículos avaluados en $135 millones, 14 propiedades con prohibición de enajenar, más de $10 millones en efectivo y 4.432 cajetillas de cigarros de contrabando.
El Ministerio Público formalizó a 21 personas por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de activos, tenencia de municiones, de armas de fuego, quedando 17 de ellas en prisión preventiva.