Vecinos de megatoma muestran preocupación por orden de desalojo del predio de la familia Correa

Las familias de Cerro Centinela están angustiadas por el silencio con el que ha actuado el Estado pese a la orden de la Corte Suprema de encontrar soluciones habitacionales para cerca de 7 mil personas que hoy ocupan el terreno.
Con gran preocupación vecinos del Cerro Centinela de San Antonio, recibieron la noticia de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, en un plazo de 30 días, el desalojo de los ocupantes irregulares y la demolición de las casas construidas en el terreno del empresario Alejandro Correa, emplazado en Quilpué.
Esto porque los residentes del megacampamento sanantonino deben abandonar la zona en el próximo 22 de septiembre, pues se cumpliría el plazo de seis meses ordenado por la Corte Suprema. Sin embargo, el fallo explicita que son las instituciones del Estado las que deben resguardar el bienestar de estas familias y encontrar para ellos soluciones habitacionales; sin embargo, no ha existido ninguna coordinación entre los organismos según se reveló por Transparencia.
En detalle son la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial Regional, la Delegación Provincial de San Antonio, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Municipalidad de San Antonio; los organismos que deben trabajar en conjunto para resolver la situación de vivienda de las cerca de 7 mil personas que hoy ocupan el predio. Sin embargo, algunos de ellos, como la Delegación Provincial, incluso desconocen el fallo del Máximo Tribunal.
Es por este motivo que, las dirigentas del comité Nuevos Aires de San Antonio, temen correr con la misma suerte que los habitantes de la conocida “Toma VIP” de Quilpué, pues hasta la fecha ninguna autoridad está actuando bajo coordinación y no existe un panorama claro sobre el futuro de estas familias.
El abogado Felipe Olea, representante de 3.500 familias del Cerro Centinela, señaló que “la excelentísima Corte Suprema no solamente ordenó el desalojo con fuerza pública en el plazo de 6 meses próximo a vencer, sino que también ordenó al Estado de Chile que actúe de forma ordenada con 8 organismos de su estructuras para procurar que esta salida sea pacífica y digna, con soluciones habitacionales para estas personas”.
En esa línea, el jurista enfatizó en la gravedad de la problemática: “Más de 7 mil personas deberán ser sacadas con fuerza pública el próximo 22 de septiembre. ¿Dónde van a vivir estas personas, se van a ir a otras tomas? Cuál es la solución que ha dado el Gobierno. Este mutismo de parte del Ministro de Vivienda, Carlos Montes, no resiste un minuto más.