Contraloría detecta a 485 funcionarios suspendidos preventivamente que continúan recibiendo remuneraciones
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 485 funcionarios de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, manteniendo sus remuneraciones durante dicho período. La revisión no incluyó a las municipalidades.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, 30 funcionarios llevaban más de tres años bajo esta medida: 13 superaban los cuatro años y otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años.
El caso de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con aproximadamente 4 años y 7 meses de suspensión. Le siguen casos vinculados al SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses, y al SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses.
Ante estos antecedentes, la Contraloría determinó asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios que superan los tres años de suspensión, con el propósito de avanzar en su resolución y establecer eventuales responsabilidades administrativas asociadas a las demoras.
Además, los organismos que mantienen funcionarios suspendidos por más de un año, correspondientes a 392 casos, deberán informar dentro de 15 días hábiles sobre el estado de los respectivos sumarios, justificar la continuidad de la medida o adoptar acciones destinadas a acelerar su término.
$671 millones en remuneraciones
La fiscalización estableció que el Estado desembolsó aproximadamente $671 millones en remuneraciones correspondientes a los diez casos de suspensión más prolongada.
Asimismo, la revisión detectó que 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante ese período, según antecedentes obtenidos desde el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El informe también identificó otras situaciones, entre ellas 20 funcionarios cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales que ya no trabajaban en sus respectivos servicios, además de dos funcionarios suspendidos que, durante ese período, cumplían una medida cautelar de prisión preventiva.
La Contraloría ha puesto énfasis en que la suspensión preventiva debe mantenerse mientras resulte necesaria para resguardar la investigación y que los procedimientos administrativos deben tramitarse con celeridad.
La fiscalización se complementa con nuevas acciones de seguimiento destinadas a verificar la información entregada por los organismos y el avance efectivo de los sumarios.
Fuente: Contraloría General de la República, CIC N°25; antecedentes publicados el 21 de septiembre de 2026.
